El debate sobre el Derecho al Olvido en la Red y la necesidad de establecer mecanismos que permitan a los usuarios proteger su privacidad y dar de baja contenidos personales que no quieran que aparezcan en Internet está protagonizando muchas noticias. A la falta de claridad de las políticas de privacidad de sitios como redes sociales, se une el hecho de que la mayoría de las grandes compañías son extranjeras y sujetas, por lo tanto, a otro tipo de legislación. Por otro lado, nos encontramos con Google y otros motores de búsqueda, que indexan todo tipo de contenido sin tener más responsabilidad que la de ofrecer buenos resultados de búsqueda por palabras clave, pero que no son responsables del origen de los contenidos y que tampoco tiene potestad para despublicarlos o no.
La falta de concienciación de los usuarios sobre qué información personal se publica o no, junto al hecho de que cualquiera puede publicar sobre cualquiera, deja en una situación de indefensión a miles de ciudadanos que no tienen mecanismos ni públicos ni privados con los que defender su privacidad y su intimidad en la Red.
Este ha sido uno de los temas centrales del primer ESET Security Forum, que ha reunido a grandes expertos de seguridad de España para discutir temas de actualidad. Para este primer evento se contó con la presencia y la colaboración de Lorenzo Martínez, CEO de Securízame y bloguer de SecuritybyDefault; Pablo Fernandez Burgueño, socio fundador de Abanlex Abogados; Javier Villacañas, periodista y bloguero tecnológico y director del programa COPE 3D; Juan Antonio Calles, consultor de hacking ético y fundador de Flu-project; Yago Jesús, CEO de eGarante y bloguer de SecuritybyDefault, y el Capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, César Lorenzana. El vídeo está disponible en el canal corporativo de YouTube de ESET España.
Prácticamente todos los ponentes coincidieron en apuntar a la falta de mecanismos que garanticen la protección de la privacidad y la intimidad de los usuarios de Internet. En este sentido, Juan Antonio Calles señaló que “es terrible. Detrás de empresas como Google o Facebook hay un negocio brutal: está comerciando con nuestra información, vendiéndola a terceros, tienen derechos de autor sobre las imágenes, etc… La solución pasa por dictar leyes que les obligue a que las políticas de privacidad sean más claras y que se hagan campañas de concienciación, para que todo el mundo sepa de forma certera qué puede pasar con sus contenidos en la Red.“
Para Josep Albors, “el tema es farragoso, porque los límites del derecho a la privacidad llegan hasta donde empieza el derecho a la información. Si el contenido es una lista de pederastas peligrosos, seguro que ninguno nos quejamos ni pedimos eliminar dicho contenido, porque hace un bien social. La única forma que tenemos de proteger nuestra reputación es enterrar los resultados a partir de la tercera página de resultados de Google, posicionando por encima otros contenidos positivos“.
Yago Jesús opina que hay matices: “una cosa es la información que te han robado y han hecho pública, donde necesariamente debería haber un derecho al olvido legal, pero otra cosa es la que cualquiera de nosotros, de forma voluntaria, publica en Internet, en cuyo caso no tenemos derecho a solicitar que se elimine dicha información. Es decir, el derecho al olvido debe ser una deferencia que pides como un favor. Si alguien lo ha subido, te ha robado, ha violado tu intimidad, esa información sí debe ser eliminada, porque es un daño a tu honor. Ahora, si soy yo el que subo un vídeo, mala suerte.“
Para el Capitán del Grupo de Delitos Telemáticos de la Guardia Civil, César Lorenzana: “si el contenido está en otra web, Google lo único que tiene es una tecnología que indexa. Es imposible que no haya nada mío en Google: no puedes desaparecer de Internet igual que no puedes desaparecer de la vida pública. Es como algo que se publica en el B.O.E. Otra cosa es que solo esté en esta publicación o que se indexe, que puede ser regulado por el propio Boletín. Sí considero que es obligación de la plataforma el proveer de una herramienta para eliminar contenido que te afecte a ti, pero solo a ti. Si se publica una foto de este evento de los seis, habrá que tener el consentimiento de todos. Y para eliminarlo, también. El Derecho al Olvido nunca va a existir, y va a haber cosas que nunca vamos a poder eliminar de Internet.“
“Si el sitio donde está publicada originalmente la información existe, no es culpa de quien lo indexa“, añade Javier Villacañas. “Si hay una herramienta que busca cosas que existen, hay que tener la certeza de que el problema origen está en la noticia, no en quien la hace más pública. Al final, son las leyes quienes tienen que decir lo que está pasando y poner justicia en ello.“
Pablo Fernández Burgueño quiso aclarar uno de los casos más polémicos de los últimos años: “el Derecho al Olvido ya existe en España: son los derechos de cancelación, rectificación, oposición, etc… Solo necesitamos un papel, escribimos nuestro nombre, apellidos, de qué lista queremos desaparecer y con el DNI se lo enviamos a quienes tengan nuestros datos. Esa persona tiene la obligación de borrar nuestros datos en 10 días. El caso que llevamos en nuestro despacho, es diferente: se publicó hace tiempo en La Vanguardia unos anuncios de una subasta para poder pagar unos importes que se debían al Estado. Se publicó originalmente en papel, pero diez años después, el periódico decidió digitalizar su hemeroteca publicando el anuncio de la subasta de bienes del ciudadano.
Aquí tuvimos dos caminos, y hemos abierto los dos. El primero, pedir a Google que quite el enlace. La Agencia Española de Protección de Datos nos dio la razón, y recomendó que Google quitara el enlace. Pero Google España y Google Inc. (internacional) se fueron a la Audienia Nacional, y esta a la Unión Europea. De momento solo tenemos las aportaciones que ha hecho el abogado general, así que tendremos que esperar a la sentencia, que saldrá en octubre o noviembre. Google es solo un taxista que nos lleva al sitio: no puede hacer desaparecer el sitio, sino solo llevarte. Es obvio y lógico. La segunda vía, que seguramente dará resultado, es que La Vanguardia incluya este contenido dentro de una versión privada, o meterlo como excepción en el archivo robot.txt para que los buscadores no lo indexen.“